Por Jos\u00e9 Oliveros Romero, Investigador CATLEC, y Constanza Gonz\u00e1lez Mathiesen, Investigadora CIGIDEN R<\/p>\n\n\n\n
En agosto de 2026, el Gobierno de Chile decidi\u00f3 ejecutar como obra p\u00fablica tradicional, y no bajo el modelo de concesiones (asociaci\u00f3n p\u00fablico-privada), tres corredores de transporte p\u00fablico del Gran Concepci\u00f3n, en la Regi\u00f3n del Biob\u00edo. Esto ha puesto sobre la mesa un atributo poco discutido y decisivo: el aseguramiento del nivel de servicio de la infraestructura p\u00fablica mediante contratos de largo plazo, de 15 a 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Las alianzas p\u00fablico-privadas son contratos para construir y operar una infraestructura p\u00fablica como carreteras, c\u00e1rceles y hospitales. La forma de asegurar la operaci\u00f3n y mantenci\u00f3n adecuada es a trav\u00e9s de m\u00e9tricas e indicadores muy espec\u00edficos que miden el desempe\u00f1o de la infraestructura.<\/p>\n\n\n\n
En una carretera, por ejemplo, se monitorea (entre muchas cosas) la gravedad de grietas en el pavimento, y en hospitales la mantenci\u00f3n de ventanas, puertas, pasillos, ascensores, etc. Ante una falta o falla en la entrega del servicio, se aplican multas que incentivan a la concesionaria a mantener la infraestructura en \u00f3ptimas condiciones y a ser eficientes, ya que de esa forma compiten en la licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este aseguramiento de nivel de servicio por contrato de 15 a 30 a\u00f1os contrasta con la obra p\u00fablica tradicional, que debe disputar a\u00f1o a a\u00f1o los fondos para mantenci\u00f3n, sin una calidad garantizada por contrato y sin un sistema de monitoreo constante y establecido.<\/p>\n\n\n\n
Es comprensible que asegurar el nivel de servicio de un corredor de transporte p\u00fablico genere voces disidentes, bajo el argumento de que ese compromiso podr\u00eda desplazar la inversi\u00f3n de otras prioridades iguales o incluso m\u00e1s relevantes. Este argumento es menos relevante en infraestructura que se paga bajo el modelo pay-per-use<\/em> (carreteras con peaje), pero s\u00ed podr\u00eda ser atingente en concesiones que se pagan por disponibilidad, con recursos de Estado, como hospitales, c\u00e1rceles, y corredores de transporte p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Este marco permite hablar de la mantenci\u00f3n de infraestructura de desastres que requiere asegurar el nivel de servicio a largo plazo sin dudar de su eficiencia. En Chile, la mantenci\u00f3n de dicha infraestructura no est\u00e1 garantizada y en muchos casos depende, a\u00f1o a a\u00f1o, de gestiones sectoriales y municipales que rara vez tienen r\u00e9dito pol\u00edtico. Si no ocurre un desastre, nadie percibe el valor de contar con infraestructura en \u00f3ptimas condiciones. En la pr\u00e1ctica, esto implica que el estado de esta infraestructura es muy deficiente e incluso, en algunos casos, est\u00e1 en total abandono.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, en el caso de la reconstrucci\u00f3n postincendios forestales que han impactado los asentamientos de Valpara\u00edso (2014), Santa Olga (2017) y Castro (2021), se implementaron diversas medidas f\u00edsicas para la gesti\u00f3n del riesgo. Estas incluyen medidas para evitar la exposici\u00f3n, como la relocalizaci\u00f3n de viviendas en zonas seguras; para reducir la exposici\u00f3n, como la limpieza de quebradas y la construcci\u00f3n de parques de mitigaci\u00f3n; para aumentar la resistencia, como mejoras en la calidad de construcci\u00f3n de viviendas y equipamientos esenciales; para mejorar la respuesta, como el mejoramiento de la conectividad vial; y la construcci\u00f3n de sistemas de grifos y estanques de agua para la extinci\u00f3n de incendios.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la mantenci\u00f3n de dicha infraestructura es muy deficiente, lo que limita considerablemente su efectividad. Esto enfatiza que no basta con reconstruir incluyendo consideraciones para la gesti\u00f3n del riesgo, sino que es necesario hacerlo con un enfoque integral y coordinado que considere su mantenci\u00f3n en el tiempo, definiendo responsables, plazos y presupuesto para que estas consideraciones se mantengan efectivas.<\/p>\n\n\n\n Planteamos, entonces, extender el modelo de concesiones a la infraestructura de mitigaci\u00f3n del riesgo de desastres. Aprovechando el beneficio m\u00e1s evidente de las concesiones, extender este modelo a esta infraestructura permite asegurar la mantenci\u00f3n de largo plazo, independientemente de los vaivenes pol\u00edticos y de las presiones fiscales por reducir gastos.<\/p>\n\n\n\n Esto es particularmente relevante en el contexto de desastres, ya que la voluntad de invertir en gesti\u00f3n del riesgo, tanto de pol\u00edticos como de privados y civiles, tiende a disminuir a medida que pasa el tiempo desde el \u00faltimo evento catastr\u00f3fico y estas acciones tienden a competir con otras necesidades que se perciben como m\u00e1s urgentes.<\/p>\n\n\n\n Contratos de largo plazo (o mediano plazo, al no ser grandes inversiones) permitir\u00edan que estanques de agua \u2013como los de Valpara\u00edso\u2013, quebradas en sectores urbanos y redes secas cuenten con certeza contractual para su mantenci\u00f3n, mediante pagos peri\u00f3dicos por disponibilidad y calidad.<\/p>\n\n\n\n Este mecanismo obliga al sector p\u00fablico a fiscalizar, tarea que resulta ineficaz cuando debe fiscalizarse a s\u00ed mismo, y obliga al sector privado a cumplir una obligaci\u00f3n contractual, licitada y adjudicada al mejor oferente.<\/p>\n\n\n\n Estudiar y afinar un modelo como este puede salvar vidas, proteger bienes y servicios, y evitar la b\u00fasqueda de culpables cuando ya es demasiado tarde.<\/p>\n\n\n\n