Un estudio CATLEC sobre percepciones de la transición hacia la electromovilidad en Chile encontró que, pese al gran apoyo ciudadano a esta tecnología, aún es bajo el conocimiento que existe sobre la política que la ha implementado.
La investigación, basada en una encuesta a 1.781 habitantes de la Región Metropolitana y un workshop con diversos grupos de interés, demostró un alto respaldo a la electromovilidad. Un 96% de los encuestados evaluó de forma positiva la incorporación de buses eléctricos al transporte público y un 91,8% apoyó extenderlo a otras regiones.
Esta percepción contrasta con una experiencia limitada en el tema: 81% declaró nunca haber conducido un vehículo eléctrico y casi la mitad aseguró no conocer la Estrategia Nacional de Electromovilidad vigente.
Los resultados de este estudio surgen en una década en que Chile ha impulsado una política climática orientada a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El país firmó el Acuerdo de París en 2016 y lo ratificó en 2017. Posteriormente, en 2022, promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que estableció como meta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050.
“Una transición exitosa no depende solo de electrificar vehículos, sino también de cómo las personas acceden, comprenden y participan de ese cambio”, asegura Beatriz Mella-Lira, directora alterna CATLEC y académica UNAB, además de autora del artículo titulado “Hacia una transición justa en electromovilidad: percepciones ciudadanas, brechas institucionales e implicancias de política pública desde Chile”.
Acceso y experiencia desigual en la electromovilidad
La encuesta se realizó a 837 mujeres y 944 hombres de la Región Metropolitana, quienes en un 96% evaluaron positivamente la incorporación de buses eléctricos al transporte público. Actualmente, la región cuenta con una red de más de 4 mil buses de este tipo.
Los beneficios percibidos como más valorados fueron la reducción de contaminación del aire y del ruido, con un 46,5% y un 41,4% respectivamente. En ese escenario, 91,8% apoyó extender esta implementación al resto de las regiones de Chile.
Pese al apoyo declarado, un 49,2% declaró no conocer la política detrás de esta implementación: la Estrategia Nacional de Electromovilidad; a su vez, un 60% consideró insuficiente la información disponible al respecto.
Este contraste, explica la académica, responde a barreras de información, acceso, costos y gobernanza. “El principal hallazgo es que el apoyo a la electromovilidad es muy alto, pero el acceso y la experiencia con ella siguen siendo desiguales”, asegura.
En esa línea, otro de los resultados muestra la poca experiencia directa con vehículos eléctricos: el 81% de las personas encuestadas nunca condujo uno. Esto se explicaría por una barrera económica, un 57,3% identificó el alto costo inicial como el principal obstáculo para adquirir un medio de transporte eléctrico, mientras que un 20,4% apuntó a la falta de infraestructura para cargarlo.
“Las personas valoran especialmente los beneficios ambientales de los buses eléctricos, pero persisten barreras de costo, información y experiencia directa. El estudio muestra que una transición justa requiere no solo más tecnología, sino también mejores condiciones de acceso, información y participación”, concluye Mella-Lira.
El desafío de masificar la electromovilidad
En junio de 2026, Chile actualizó su Estrategia Nacional de Electromovilidad y estableció una meta intermedia: para 2030 el 20% de la venta de vehículos livianos y medianos debe corresponder a unidades de cero emisión. Para 2035, el 100% de la venta de vehículos nuevos deben ser de este tipo.
En ese marco, la búsqueda es ir más allá del transporte público y promover el uso de vehículos eléctricos en contextos como el transporte privado o el transporte de carga, para así aportar a las metas de descarbonización que tiene el país.
Esa búsqueda, para la directora alterna CATLEC, debe ir acompañada de una accesibilidad adecuada. “Chile ya tiene metas tecnológicas ambiciosas; este paper aporta evidencia sobre la dimensión social que debe acompañarlas”, reflexiona.
Y agrega que el estudio “puede ayudar a decidir dónde priorizar cargadores, cómo focalizar información pública, qué territorios requieren mayor apoyo y cómo acompañar la expansión de buses eléctricos con criterios de equidad”.
Por ahora, el siguiente paso será ampliar el análisis a más territorios del país, de manera de generar recomendaciones de política pública basadas en evidencia más allá de la capital de Chile.
Accede a la investigación completa aquí: https://doi.org/10.1016/j.trip.2026.102247